Con la llegada de las épocas electorales resulta muy llamativo el título de esta entrada. Sin embargo, no hablaré de candidatos presidenciales, al menos no directamente.
Se trata, más bien, de un proyecto de ley que ronda las intenciones de restringir ciertas libertades y penalizar ciertos comportamientos. La Ley Lleras, que ha estado en debate entre la opinión pública, organizaciones e industrias es, en resumidas cuentas, el intento del gobierno colombiano por ajustar su ley de derechos de autor a la una serie de compromisos adquiridos con EEUU y la Unión Europea en el marco de acuerdos comerciales como el TLC. Ha sido tramitada en varias ocasiones y tumbada o archivada una y otra vez. Desde 2011 quiere ver la luz, pero siempre se ha quedado en las tinieblas.
El problema aquí es que en las tinieblas se transforma: se modifica para hacerla parecer más llamativa a ciertos sectores que se oponen. De la primera versión a la última conocida cambió a quién penalizan por incurrir en una falta a dicha ley: se trasladó la responsabilidad de las compañías prestadoras de servicios (Claro, Movistar, Tigo, etc.) al usuario (Ley Lleras 2.0). Y aún falta ver con qué saldrá el Ministerio de Comercio ahora, en su nueva versión que ronda en medio de rumores y reuniones: ¿la Ley Lleras 3.0?.
La cuestión aquí es quienes salen perjudicados. Por un lado, la aplicación de dicha ley beneficia a la industria cultural, por ejemplo, con la protección de los derechos sobre música, películas, series, etc., son ellos los que tienen una estructura legal fuerte para defenderse en los estrados. Sin embargo, el escenario con los proyectos pequeños e independientes no variará mucho. Pero, por otro lado, dicha ley penalizará las prácticas cotidianas del uso de internet: descargar, compartir, alterar, prácticas que también son fuente de contenido para muchos de esos pequeños proyectos.
Si bien no tenemos una cultura del cuidado de la información en los medios digitales, esta ley también pretende prohibir acciones orgánicas en la web a punto de comenzar una cacería de brujas. ¿La solución? Esa sí que es compleja, pero por suerte hay varias. Comencemos por generar contenido bajo licencias Creative Commons, con las cuales demos libertad de uso bajo un reconocimiento justo de la fuente original. Sigamos por hackear a diferentes niveles, desde lo jurídico, lo informático y lo social. Busquemos los quiebres y vacíos en los proyectos de ley para el beneficio común frente a una serie de restricciones pensadas para dinámicas análogas aplicadas a las digitales y seamos partícipes de los debates y escenarios donde se tramite o socialice los proyectos de ley; busquemos las formas de suplir aquellos contenidos y programas que tienen bloqueos y licencias impagables apoyando una programación colaborativa y de código abierto; y pensémonos en sociedad haciendo control sobre quienes legislan nuestros derechos, restricciones y deberes, buscando alternativas y siendo colaborativos también en el mundo análogo.
Las Humanidades Digitales tienen entonces una tarea: dirigir un debate amplio y diverso sobre este proceso que viene dándose, y más que nunca la academia, las instituciones culturales y las iniciativas particulares deben verse la cara para tomar partido y decidir ¿Con la Ley Lleras o contra la Ley Lleras?
*Es importante aclarar que acá no defiendo el uso indiscriminado de la información faltando al reconocimiento de la fuente original y de la autoría. Es muy importante defender este punto: detrás de todo contenido hay personas que trabajaron y merecen un justo reconocimiento. El asunto acá es cuando no hay un lucro directo para quien hace y sí para grandes compañías y lobbys que defienden un mercado lleno de restricciones. Es decir, cuando el dinero no financia al autor sino a las compañías.
Juan Camilo Murcia Galindo Departamento de Historia – Universidad Nacional de Colombia jucmurciaga@unal.edu.co